Detectan que el IOSPER pagaba sueldos de $ 16 millones y que la deuda asciende al doble de lo informado

El interventor y la subinterventora del Instituto de Obra Social de Entre Ríos, Mariano Gallegos y Marina Alegre, respectivamente, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría de corte en la obra social de los empleados públicos de la provincia.

“La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos”, explicaron los interventores y detallaron que, como dijo el gobernador Rogelio Frigerio cuando decidió la intervención, “sólo conocíamos la punta del iceberg. Ahora empezamos a ver qué hay debajo”.

Los interventores designados por el Poder Ejecutivo para sanear el Iosper detectaron que la deuda acumulada de la obra social duplica lo que había declarado el ex presidente Fernando Cañete. El total asciende a 42.871.884.708 pesos, de la cual el 56 por ciento corresponde a medicamentos, por lo que resaltaron “la mala gestión financiera”.

También apuntaron que “tiene un déficit operativo de 3.000 millones de pesos por mes”, y resaltaron que “el Iosper compra, y contrata, mal y caro”. Además, aclararon que la intervención trabaja “con una lógica de que el Iosper es de los afiliados, no de los prestadores, y trabajamos para los afiliados”.

Por otra parte, subrayaron las maniobras “con las que ex miembros del Directorio intentaron ocultar el monto de sus propios sueldos que alcanzaban, en el caso del presidente, los 16 millones de pesos. La metodología utilizada consistía en desdoblar el pago del salario e informar públicamente solo uno de los montos” se describió.

Asimismo, se detectó “el incremento de aranceles sin justificación2 y brindaron como ejemplo “el aumento del 15 por ciento en los aranceles prestacionales que intentó instrumentar Cañete antes de salir del cargo. Ese aumento hubiera producido un déficit adicional de 1.000 millones mensuales, que finalmente logró impedir la intervención”. En ese sentido, también resaltaron la existencia de actas de ajuste de aranceles que carecían de firmas y fechas, lo que pone en duda su validez.