Defensores del Pueblo piden suspensión de aumentos en las tarifas de servicios públicos

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina reclamó la suspensión de la aplicación de aumentos en las tarifas de servicios públicos, que el gas en garrafa sea declarado un servicio público esencial y que el Gas Natural Comprido (GNC) tenga un “valor testigo”.

 

La iniciativa fue presentada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto y apoyada por los Defensores de Paraná, Luis Garay (Titular) y Pablo Donadío (Adjunto), entre otros integrantes del plenario.

 

Entre los fundamentos, se afirmó que “siguen sin contemplarse los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad considerados indispensables por la Justicia argentina”.

 

En la declaración final de la Asociación se señaló que “las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias pero previas a ellas, así los acuerdos salariales podrán medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador”.

 

El plenario acordó requerir al gobierno que el gas envasado en garrafa sea declarado servicio público esencial. Hasta ahora el precio libremente dispuesto por el mercado tiene un fuerte impacto en los usuarios: la mayoría pertenece a sectores vulnerables que termina abonando bastante más caro que el gas natural. También, solicitaron que el GNC tenga “un valor testigo”, con el fin de evitar que el precio quede a criterio del mercado.

 

Seguidamente, los Defensores del Pueblo se opusieron a “los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas y reclamaron que la tarifa social se incremente hasta los 800 kw por mes, estando actualmente en 300 kw/mes”.

 

Por último, exigieron de “las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando”.