El nuevo proyecto que ingresó sobre agroquímicos el senador por Islas del Ibicuy, César Melchiori, generó diferentes reacciones en organizaciones ambientalistas de Entre Ríos. La iniciativa, que consta de 31 artículos, cobró forma tras haber quedado trunca la media sanción de la Ley de Agroquímicos que impulsaba el senador colonense Oscar Arlettaz.

En líneas generales, la propuesta instaura como autoridad de aplicación a la Secretaría de Medio Ambiente y no al Ministerio de Producción. La misma estipula la prohibición de las fumigaciones aéreas, aunque aclara que “solo podrán autorizarse, excepcionalmente, pulverizaciones aéreas en casos especiales cuando no exista ninguna alternativa viable”. Además la norma restringe las pulverizaciones terrestres a una distancia de “1.000 metros” de viviendas y cursos de agua. En ese marco, crea un registro de productos químicos que deben ser clasificados en base a los riesgos que produzcan en la salud y el ambiente.

Más dudas que certezas
Si bien recién se dan a conocer los primeros lineamientos del texto, organizaciones ambientales no ocultaron su sorpresa por la presentación de este nuevo proyecto que viene a alimentar la polémica sobre el tema. Desde la Fundación M’Biguá ya habían planteado objeciones a la iniciativa del senador Arlettaz. Respecto de esa propuesta, la organización había planteado como necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer término se indica que “no puede debatirse una norma sin dictámenes técnicos y políticos previos, producidos por las máximas autoridades de las áreas de Ambiente y Salud de la Provincia”. Y en segundo lugar se advertía que “no puede abordarse esta problemática sin atender el marco normativo federal en materia ambiental ni el contexto del derecho constitucional provincial a partir de la reforma de 2008”, se publica en el sitio de la asociación civil.

Ante este nuevo giro en el tratamiento de la problemática, las autoridades de la entidad entienden que “no queda claro cómo va a continuar el proceso de debate”. El abogado y miembro de la fundación, Diego Rodríguez, manifestó a UNO que “debe hacer más de seis años que se trata el tema dentro del Poder Legislativo”. El profesional se mostró sorprendido por el avance de esta nueva propuesta, cuyo contenido desconoce y que siembra más dudas sobre la continuidad de la discusión. “Han pasado tantas cosas, que uno está sorprendido”, expresó.

En su análisis “se tendría que formular un proyecto de consenso, que sea una respuesta a los reclamos de las personas afectadas por el uso de agroquímicos”. Rodríguez recordó: “Se venía trabajando en un texto controvertido, pero realmente con esto no sé qué va a pasar”.

Por un debate más amplio
Otra de las voces que brindó su parecer sobre el tema fue el integrante de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, Jorge Bevacqua, que tiene como premisa evitar que se fumigue a los alumnos durante clases. “No hay que debatir sobre la ley, sino sobre el uso de la tierra, la clasificación de los productos químicos, el uso de las semillas transgénicas”, reflexionó el activista.

Desde su perspectiva las fumigaciones, tanto por vía aérea como terrestre, “siempre es mejor que sean a 5.000 metros que a 500 metros de las ciudades”. Evaluó: “El tratamiento de la ley no es el tema central, porque nos estamos yendo del eje de la cuestión”.

Cuestionó que la discusión se centre en que si el proyecto lleva la firma de Arlettaz o de Melchiori, dado que se trata “de dos visiones de la misma situación”. Atento a las diferentes aristas que derivan de la problemática, instó a “que la cuestión se debata de una manera más amplia y no solamente dentro de la comisión específica dentro del Senado”. Por ello pidió que se convoque a los “afectados del modelo y a los organizaciones sociales”. Bevacqua rememoró el encuentro de trabajo que junto a la organización mantuvieron con el senador Oscar Arlettaz. Al respecto comentó: “Nos reunimos en la ciudad de Colón para solicitarle información. El legislador prometió durante ese encuentro enviarnos el proyecto de ley, pero nunca lo hizo”.

Con miras a lo que viene, el ambientalista anunció que en los próximos días se dará a conocer un texto firmado por la entidad, en el que se hablará sobre el nuevo proyecto de ley de agroquímicos como una forma “de abrir un debate, a través de la campaña Paremos de Fumigar las Escuelas”.

Por último reclamó que el proyecto debería “redefinirse de una manera más general”, en función de contemplar a más sectores.

Datos salientes de la nueva iniciativa

Pese a que la ley de agroquímicos que escribieron Oscar Arlettaz y Enrique Cresto tiene estado parlamentario, se frenó por el amplio rechazo de organizaciones ambientales. La votación de la iniciativa, se pospuso mientras se abre “un compás de espera” se precisó desde el Senado. La nueva propuesta establece “un marco jurídico” para productos químicos y biológicos empleados en la producción agrícola y forestal, la agroindustria, la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones como también el cuidado de áreas de esparcimiento.

La propuesta de 31 artículos, instaura como autoridad de “aplicación y contralor” a la Secretaría de Ambiente a quien le otorga como atribuciones, entre otras cuestiones, la de “clasificar los productos químicos y biológicos autorizados en el marco de esta ley, en función de los riesgos que presenten para la salud y la biosfera”.

El artículo 17 prohíbe las pulverizaciones aéreas “cualquiera sea el producto activo o formulado”, pero aclara que “solo podrán autorizarse, excepcionalmente, pulverizaciones aéreas en casos especiales cuando no exista ninguna alternativa viable”.

Por su parte el artículo 18, en tanto, fija una restricción de 1.000 metros desde los cursos de aguas y sus nacientes para las pulverizaciones terrestres, a la vez que establece la misma distancia para “viviendas urbanas o rurales, establecimientos educacionales, laborales, de salud o de uso público”. En uno de sus párrafos, la iniciativa plantea la “observación epidemiológica” respecto de los agroquímicos. En ese aspecto dice que Ambiente “pondrá a disposición del Ministerio de Salud toda la información que este requiera para complementar los estudios que surjan de los observatorios epidemiológicos”.