Con dictamen de las comisiones de Comunicaciones, Legislación Penal y Defensa del Consumidor y el consenso de todas las fuerzas políticas, llegará al recinto de la Cámara de Diputados un proyecto que impedirá que los usuarios reciban, en sus celulares, publicidad no deseada.

La iniciativa “protege a titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.

Podrá inscribirse en el registro “toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios”.

El proyecto también dispone que la inscripción al Registro debe ser gratuita, por medios sencillos y eficientes y que el cliente tiene derecho a obtener una constancia de su inscripción.

La duración en el Registro, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será de dos años y la baja se podrá realizar en cualquier momento.

Las empresas prestadoras de servicios telefónicos y los call center que trabajen de manera tercerizada con las operadoras, deberán actualizar la nómina de registrados con una periodicidad de 30 días.

Entre las excepciones se contemplan las campañas de bien público, las llamadas de emergencia pública, las campañas electorales y las llamadas que deben ser realizadas por razones contractuales, estas últimas en “horarios razonables”, señala el texto del proyecto.