Cautela en el Gobierno provincial ante el paro de la Mesa de Enlace

La decisión de la Mesa de Enlace de convocar a un paro durante la semana que viene, no sorprendió ni a Gustavo Bordet ni a su gabinete. Las medidas y sus posibles consecuencias ya habían sido charladas al más alto nivel con el presidente Alberto Fernández y el ministro Luis Eugenio Basterra.

El Gobierno provincial hizo sugerencias. Algunas fueron atendidas, otras no, pero Bordet y su gente saben que la Administración Nacional debe congeniar las necesidades de financiamiento en un momento de extrema tensión con el Fondo Monetario Internacional y los bonistas por la reestructuración de la deuda, con la paz social y los reclamos sectoriales.

El funcionariado provincial que tiene contacto con la dirigencia rural comenta que la Mesa de Enlace esperaba medidas mucho más duras que las que finalmente se anunciaron. Y consideran que las definiciones sobre las economías regionales bajó, en parte, los decibles a la disputa. Incluso mencionan un clima favorable dentro del sector arrocero provincial.
El punto en cuestión es el techo de mil toneladas de soja que se fijó para el cobro del derecho a la exportación. La expectativa de los ruralistas era que se ubique por encima de 1500, sacando del terreno de la suba a la totalidad de los pequeños y medianos productores.

La lectura que se hace en la Casa Gris es que mucho del reclamo gremial sectorial del campo se corresponde con los intereses políticos de Juntos por el Cambio en general y del PRO, más específicamente. Esto genera una situación que, a los dirigentes agropecuarios, se les torna muy difícil de manejar: desde la conducción de las entidades no se veía tan complicada la medida de Fernández, pero la efervescencia de algunas bases forzó el conflicto porque no las pudieron encauzar.

El Gobierno también reconoce que hace falta una reconstrucción de confianza con los ruralistas, para lo cual es necesario un movimiento de acercamiento mutuo. En las oficinas gubernamentales esperan que se dejen de partidizar los reclamos, a muchos de los cuales consideran entendibles y razonables y que podrían canalizarse por otras vías.

La coincidencia entre el Gobierno nacional y provincial en la lectura del conflicto pasa por evitar la polémica y profundizar el diálogo, a pesar de que la Mesa de Enlace haya lanzado una convocatoria dura, con cuatro días de cese de comercialización.

En la Administración Bordet la estrategia de no confrontar no sólo se debe a actuar en sintonía con Alberto Fernández y su equipo, sino también a una necesidad. En poco tiempo más, tendrán que sentarse con los dirigentes del campo para hablar sobre la actualización del impuesto inmobiliario rural. Y no se espera que las charlas sean fáciles.

Estas conversaciones se iniciarán, más o menos, en unos 15 ó 20 días y no hay intención del Gobierno provincial que el tema se mezcle con el nuevo escalonamiento de las retenciones agropecuarias.

La conducción política provincial no quiere entrar en el juego que coligen se propone desde el sector del campo: revivir el escenario de conflicto que se dio con la resolución 125 en 2008 y que para el ruralismo tiene una épica que incluso supera al “Grito de Alcorta”.

Bajo la lupa oficial, los elementos no están dispuestos de igual manera ahora que entonces. Si bien por un lado se presentan los mismos polos (Gobierno y “campo”) tensando una misma soga (las retenciones), la sociedad en general, que en aquel momento estaba atravesando un momento de relativa bonanza económica que le permitió generar empatía con los sectores rurales y plegarse a sus posiciones, hoy vive otra realidad. La crisis ha calado hondo en los sectores medios que antes se embanderaban bajo la leyenda “Todos somos el Campo”, hoy deben atender su propia crisis.

“En 2008 el campo tenía un cheque en blanco de la sociedad. Hoy, apenas un descubierto”, graficó una de las altas fuentes gubernamentales consultadas por esta Agencia.

Además, en la Casa de Gobierno consideran que los estilos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández son diferentes. Eso se traduce en las declaraciones y en el trato con la dirigencia rural, que en 2008 se mostraba más molesta con la pirotecnia verbal de CFK que con las medidas en sí (Fuente: APFDigital).