Berruhet: “Solicitamos a las autoridades un poco de moderación en los ajustes de impuestos”

Con un documento que tituló “Hacete cargo”, el ex presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, Felipe Pablo Berruhet dio su posición sobre el incremento en el valor que los productores deben pagar en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural. En el escrito enviado a El Observador, el dirigente manifestó que “utilizando una expresión que logró imponer como muletilla en la pantalla de la TV el estudioso Claudio María Domínguez, intento dejar como testimonio de los acontecimientos actuales, el presente escrito, de manera tal que en un futuro no muy lejano, cuando nos preguntemos los argentinos en forma generalizada, qué nos paso, los representantes del sector agropecuario nogoyaense expresemos con la mayor de las humildades, que el caso amerite, que nosotros fuimos una de las pocas voces que alertó sobre lo funesto de las políticas agropecuarias adoptadas” y remarcó que “no pretendo plantear un reclamo desde el sector hacia la política, en esta oportunidad, mi simple intención es dar testimonio de una realidad que a lo mejor no es conocida por la población urbana, en relación al contacto económico que atraviesa la mayor actividad del departamento y de la provincia, que es el sector rural”. Acotó que “por estos días, están llegando a los domicilios, los impuestos inmobiliarios rurales, que vinieron con aumentos de entre el 300% y el 600%. Como ejemplo menciono un caso especifico para tener una mayor apreciación del grado de ajuste y tomo como ejemplo un predio de 283 hectáreas, un ‘representante de la oligarquía terrateniente vacuna’ para algunos argentinos y un ‘sobreviviente maltrecho’ de los ‘90 para el restante pueblo argentino. Lo resumo para un mejor entendimiento: Año 2007, valor del Imp. Inm. Rural Anual, $ 5.743.26 (valor de la soja en ese momento, $ 850 Tn., del maíz, $ 330 Tn. y del trigo, $ 560 Tn.); Año 2009: Imp. Inm. Rural Anual, $ 10.894,54 (valor de la soja, $ 1.000 Tn.; del maíz, $ 490 Tn.; del trigo, $ 450 Tn.). Año 2011: valor del Imp. Inm. Rural Anual, $ 27.491.43 (de la soja, $ 1.220 Tn.; del maíz, $ 550 Tn. y del trigo, $ 450 Tn.). Año 2012: valor del Imp. Inm. Rural Anual, $ 87.566.28 (de la soja, $ 1.400 Tn.; del maíz, $ 550 Tn. y del trigo, $ 650). Vamos a situarnos por un instante en la persona del ‘irracional terrateniente’ dueño de 283 hectáreas y el tipo, con buena voluntad dice, ‘si yo siembro soja en la totalidad de mi predio y si el precio de la misma aumentó un 65% del 2007 a la fecha, es justo que el impuesto aumente, por lo menos en esa relación, o sea un 65%’. Pero el aumento del impuesto es del 1.450% en idéntico período. ‘No puede ser’, piensa este hombre, tratando de entender el grado de justicia social que a todo contribuyente argentino nos debe movilizar. Por lo tanto, debe haber algún otro parámetro que justifique dicho aumento. Entonces buscamos los índices de inflación del período 2007-2012 y nos da un acumulado del 125%. Indudablemente, este no es el parámetro utilizado por el estado provincial, debe ser seguramente el precio de la carne y entonces indago el valor de la hacienda en pie al 2007 y encuentro que un novillo de 450 kilos costaba $ 3.20 el kilo y en la actualidad el valor del mismo novillo (si lo encontramos) es de $ 8.50, o sea, un 260% y otra vez me equivoco en mi apreciación. ¿Será que el estado me ajusta por los aumentos salariares del período en cuestión? Busco el salario de mi actividad y encuentro que un sueldo básico de empleado rural en 2007 era de $ 890 y en 2012, de $ 2.700. Eso es un aumento del 300%… en fin, me rindo, no encuentro ningún dato en la economía que me convenza que un aumento del 1.450% en 5 años tiene como respaldo una razonable justicia tributaria. Luego pienso qué impacto tendría esta medida en una persona ajena al sector rural y entonces calculo: conociendo algo de la psicología básica de un productor agropecuario; este tipo de las 283 hectáreas va a modificar sus hábitos de consumo, a fin de poder cumplir con sus obligaciones impositivas y gastará menos en vestimenta, en recreación, en confort del hogar, en reparaciones, en construcción, etc. Pensando en ello es que me imagino siendo un simple carpintero, comerciante o albañil de mi ciudad, que no tendrían que preocuparme las consecuencias de un aumento importante en el impuesto rural del campo y obviamente del que posee 283 hectáreas. Pero cuando me vaya quedando sin clientes, porque la plata que era para mí, tuvo que ser empleada en impuestos, en ese preciso instante ya es tarde, la tormenta económica la tengo encima y no es fácil resolver esquema de retracción de las economías locales en contextos de desconfianza. Nosotros, tenemos representantes del partido gobernante que fueron factores primordiales para el sostén de esta política económica y lo realmente importante es que si en algún momento cercano de nuestra realidad, lo que planteamos en estas líneas se transformara en una pésima realidad y entremos en dificultades económicas, sepan ellos que tienen que hacerse cargo de sus fracasos y no repartir responsabilidades a su alrededor como si ellos fueron espectadores de la realidad y no moldeadores de la misma. Desde el sector solamente solicitamos a las autoridades provinciales un poco de moderación en los ajustes de impuestos a fin de poder cumplir con nuestras obligaciones impositivas, ya que lejos está en el espíritu de un productor agropecuario el incumplimiento de los mismos. Y por favor: a los funcionarios encargados de proyectar aumentos dejen de poner el valor de la tierra como excusa para justificar desatinos, los impuestos se pagan con producción y rentas, no con capital, ya que en ese caso el impuesto sería confiscatorio”.