Bel pide no combatir indiscriminadamente todo tipo de fumigación, sino controlar por componentes químicos

El senador por el Frente Justicialista Para la Victoria, Enrique Cresto, presentó desde la Comisión de Producción, de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, el proyecto por el que se crea el marco legal para fumigaciones, cuyo objetivo es la regulación del uso de todas las sustancias químicas que se emplean en las actividades relacionadas a la producción agropecuaria, tanto en la tierra, como a través del aire y el agua, en todo el territorio de la provincia. Sobre este tema dialogó con FM Libertad 98.3 y El Observador, Alfredo Bell, dirigente de la Federación Agraria Argentina, quien se mostró de acuerdo con la iniciativa, aunque enfatizó en que debe discutirse cómo están elaborados los productos que se emplean, además de las distancias límites que deben cumplirse entre la fumigación y las zonas urbanas.

– ¿En qué consiste la iniciativa presentada por el senador Cresto respecto a las fumigaciones?

– El senador está planteando una actualización de la Ley de Agroquímicos. En líneas generales pretende algunas cuestiones fundamentalmente vinculadas al debido registro de todos los operadores que tengan que ver con la actividad como los aplicadores, los proveedores de insumos (diferenciando entre los que son de origen entrerriano y los que están fuera de la provincia) y demás. Coincidimos totalmente con estas cuestiones, ya que existe una profunda preocupación en la comunidad sobre el tema. También existen otros puntos referidos al organismo de aplicación que es ocupado por el Ministerio de la Producción, y abre la discusión sobre las distancias para con las zonas urbanas que deben ser respetadas. En ese punto tenemos una diferencia, porque el proyecto plantea un límite de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 2.000 para las aéreas a lo cual estamos elaborando una contrapropuesta, donde se ponen de manifiesto las restricciones por el nivel de toxicidad de los productos y no simplemente por la distancia. Existen químicos que suelen emplearse que no son amigables para el medioambiente. La tarea se puede llevar adelante aplicando las precauciones correspondientes, con la receta agronómica, con el control de entidades oficiales y el ingeniero agrónomo de la zona y no simplemente establecer una restricción general de 500 metros.

– ¿Cuántos son los metros establecidos actualmente?

– Sobre vía terrestre, apenas de 50 metros y el proyecto pretende llevarla a 500 metros. Pero nuestro propósito no es discutir la distancia, sino que se examine y regularice la calidad de los productos empleados, algunos de los cuales son altamente tóxicos. Asimismo exigimos que haya presupuesto para este tema y que el poder de policía esté ejercido, además que exista un responsable a nivel local al margen del ingeniero, representando al municipio o la junta de gobierno quienes deben ser avisados como mínimo con 24 horas de anticipación. Es un tema recurrente, cada tanto tenemos una denuncia porque la gente está en alerta y naturalmente pretende salvaguardar su salud. Tenemos que estar capacitados y tener en claro cuáles son las normas que debemos cumplir.

– La intención es que los gobiernos locales también se ocupen.

– Estamos tratando de empezar a trabajar en esa línea y hay municipios que ya lo están haciendo. Tiene que ser gente capacitada y con criterio profesional, porque muchas intendencias han establecido condiciones y cuando van al Juzgado de Falta no tienen ni idea cómo aplicar esas ordenanzas. Acá falta capacitar y tener en claro que hay productos que se pueden usar y otros que no. No es lo mismo utilizar un insecticida, un herbicida o fungicida. Los productos tienen diferentes condiciones y no todo está permitido.

– ¿De cuándo es la normativa vigente hasta el día de hoy?

– De la década del 80. La ley ha venido actualizándose a través del organismo de aplicación que es el Ministerio de la Producción, el cual ha establecido numerosas resoluciones. Tenemos por ejemplo, herbicidas prohibidos por cuestiones de cambio de actividad como fue el caso del comienzo de la plantación de arándanos la cual es muy vulnerable. La normativa se ha actualizado mediante los mecanismos existentes.

– ¿Se aprobará rápidamente?

– Hemos estado conversando con los legisladores y ellos tienen buena predisposición. En los pueblos nos conocemos todos, se hace un registro de los productores que están en el ejido y el municipio va a saber quiénes son y si siembran personalmente o mediante terceros, para luego solicitar al productor o a quien vaya a efectuar la tarea, que se comuniquen previamente como corresponde. Cuando lo hacen se informa sobre la receta y ahí se indica el producto y sus respectivas condiciones para un mejor control.