ATER: En 2011, el Impuesto Inmobiliario Rural representó sólo el 0,8% de las cuentas provinciales

Desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se dieron precisiones relacionadas al Impuesto Inmobiliario Rural, entre ellas la fijación de los criterios de valuación de las tierras, las formas de cálculo para la aplicación de alícuotas y la metodología aplicada. También se ratificó que no se aplicó ningún aumento impositivo y se indicó que los valores resultantes se ajustan a la ley vigente, que tuvo acuerdo en su momento con los representantes de la Mesa de Enlace provincial. El organismo explicó que la Ley 8.672 de 1992 establece la valuación parcelaria de los bienes inmuebles, que sirve como base para la determinación de los montos imponibles de los impuestos. Se clasifican en urbanas, subrurales y rurales; en base a estas valuaciones se determina el Impuesto Inmobiliario. El territorio provincial se divide por sus características ecológicas-económicas. Existen 37 zonas y para cada una de ellas, se determina el costo unitario básico en base al valor promedio de las rentas correspondientes. Las mismas se calculan teniendo en cuenta rendimientos físicos y precios de los últimos 5 años. La metodología para la determinación de las valuaciones de los inmuebles rurales es la misma desde hace 20 años; no se han dispuesto modificaciones. Desde ATER aclaran que esta metodología siempre fue avalada por las entidades agropecuarias y expresa que la Ley 9.930 de 2009 estableció un esquema transitorio y especial para la valuación de las parcelas rurales en función de 4 segmentos y un calendario de gradualidad de aplicación que arrancaba con un 20%, hasta llegar a una aplicación del 100% de las valuaciones a partir de 2012 y siguientes, tal como indica la Ley 8.672, que fue aprobada con el aval de las entidades agropecuarias, que de esta manera compartieron que las valuaciones se apliquen en su totalidad a partir de 2012.

Con los nuevos avalúos a partir de este año, muchas partidas pasaban de encuadrarse en un tramo de la escala al siguiente, tributando una alícuota mayor para la misma parcela. Por ello, las entidades agropecuarias solicitaron en audiencia y el 23 de febrero de este año, solicitaron un cambio de esa tabla. Así se dispuso por Ley 10102/12, sancionada por la legislatura provincial, que modificó los tramos de la tabla de la Nº 9.853 de acuerdo a lo solicitado por las entidades agropecuarias. ATER ejemplificó que “los valores de la tierra varían de acuerdo a la zona en la que se ubican. La de mayor valor, es la ‘24’, de los departamentos Diamante, Victoria y Gualeguay, cuyo avalúo se ubica en $ 16.709,33 por hectárea, muy alejado de los U$S 16.000 ($ 70.400, valor estimado de mercado en la zona según las propias entidades) que se necesitan para comprarlo. Una parcela ubicada en esa zona, en el tramo más alto de la alícuota, pagará en 2012 un 2,3%, o sea $ 384 por hectárea por año, esto es, $ 32 por mes. Por ejemplo, en la zona tres, norte de Feliciano y La Paz, el avalúo se ubica en $ 2.165,35 por hectárea. Si se aplicara la misma alícuota, pagaría $ 49 por hectárea al año, o sea $ 4 por mes. En zonas 28, 29 y 30 del Delta, los avalúos se ubican debajo de los $ 900 por hectárea, en estos casos, se aplican los mínimos del impuesto. Desde hace muchos años, la imposición mínima era de $ 35 por año, lo que llevaba a que los costos de emisión y distribución superaran el valor de lo que ingresaba efectivamente al Estado. La cuota entonces pasó a ser de $ 250 por año, por Ley 10.102; es decir, $ 20 por mes aproximadamente. “Esto es lo que las entidades mencionan como los máximos aumentos en el impuesto determinado” expresa el organismo que dirige el Cont. Marcelo Casaretto, quien agrega que “muy pocos son los productores que pagan esta cuota fija, porque existen escasas parcelas valuadas en menos de $ 27.700 y no existen con valor de mercado inferior a esa cifra. La productividad de los campos entrerrianos lo justifica”.

Desde ATER añaden que “el presupuesto provincial de 2012 es de casi $ 17.000.000.000; la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural corriente de 2011 llegó a $ 140.000.000, es decir que el aporte del sector representa el 0,8% de las cuentas provinciales, no llega siquiera al 1% del monto necesario para financiar las erogaciones del Estado, muchas de ellas destinadas a dotar de infraestructura al sistema productivo entrerriano. Si se parte de una contribución tan baja, evidentemente, cualquier adecuación en esos valores significa un aumento porcentual importante, aunque se trate de sectores con capacidad contributiva suficiente y con altos patrimonios en muchos casos. Si se vincula este indicador con los impuestos que pagan otros sectores de la economía entrerriana, se hace aún más evidente que aplicar estas leyes tiene un sentido de equidad y justicia”.