Efectivos de Gendarmería nacional y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), allanó la estancia San Silvestre del inversor mexicano Gregorio Sánchez Martínez, ubicada en proximidades de La Paz, por disposición del Juzgado Federal de Posadas, donde había sido radicada una denuncia por supuesto lavado de dinero y evasión impositiva.

Según consignó Análisis, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, hizo lugar al exhorto enviado por su par de Posadas, Verónica Skanata, de allanar la finca comprada por el mexicano. No pudo confirmarse si al momento de producirse el desembarco de los efectivos se encontraba el ex alcalde de Cancún y su esposa, ya que ambos se encontraban en Posadas el último jueves, después de haber estado en Paraguay.

La coqueta y escondida estancia, de unas 900 hectáreas, tiene un casco enorme, de más de 700 metros cuadrados y una pileta de amplias dimensiones, con una palmera en el medio y una especie de islote. La casona prácticamente no se puede ver desde el río Paraná, por estar en lo más alto de la barranca y varios metros adentro. Uno puede llegar hasta la tranquera del campo –tras recorrer por casi veinte minutos un camino complejo y oculto en medio de zona campestre- y allí se encuentra con dos portones, con varios carteles, que advierten sobre la prohibición de acceder y la reacción a la que habrá que someterse, de violar la propiedad privada. “Perros de ataque”, dice uno de los carteles, donde también se exhiben reiteradas imágenes de prohibido pasar.

La operación del campo entrerriano fue acordada en el mes de febrero, en la escribanía del misionero Ives Lombardi. Allí se hicieron presentes Gregorio Sánchez Martínez y su esposa cubana (de su segundo matrimonio), la médica Niurka Saliva Benítez, hija de un teniente coronel de Inteligencia, que prestara servicios al castrismo por varios años.