A un año del asesinato de Fernando Báez Sosa

Este lunes 18 de enero se cumple un año del asesinato de Fernando Báez Sosa, el adolescente atacado por un grupo de jugadores de rugby a la salida del boliche Le Brique, en el balneario de Villa Gesell.

El crimen, calificado como “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” dejó marcada una herida irreversible en los familiares y amigos de Fernando, y una fuerte conmoción en la sociedad. A un año de haber perdido a su único hijo, Graciela Sosa y Silvino Báez se reunieron con el Presidente Alberto Fernández, y esperan el juicio donde se definirá la condena de los responsables.

Luego de 10 meses de una intensa investigación, en noviembre la fiscal Verónica Zamboni, quien siguió la causa desde el primer momento, presentó ante el juez David Mancinelli, a cargo del Juzgado de Garantías de Villa Gesell, la requisitoria de elevación a juicio contra los ocho imputados, jugadores de rugby en el club Náutico Arsenal Zárate: Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi. El pedido se deriva del análisis de casi un centenar de pruebas, la autopsia, peritajes a los celulares de los imputados, peritajes en el lugar de los hechos y otros sobre las prendas de los imputados tanto como de las víctimas, declaraciones testimoniales, registros fílmicos y fotográficos, informes de diferentes organismos y muestras de ADN, con las que la fiscal pudo determinar la participación que cada uno de los imputados tuvo en el ataque que terminó con la muerte de Báez Sosa.

Los diez rugbiers que se encontraban esa noche en Le Brique se sacaron una selfie esa misma madrugada, después de haber dejado muerto al adolescente porteño frente al boliche, donde se los ve sonrientes y con los pulgares hacia arriba. También fueron a desayunar a un local de comida rápida, y en el grupo de Whatsapp intercambiaban mensajes donde decían que la víctima “caducó” y festejaban “ganamos”.

La estrategia de Tomei

A pesar de la extensa presentación de la fiscal, el abogado de los ocho imputados afirma que “no hubo un debido proceso legal”. Desde enero del año pasado, Hugo Tomei asegura que la investigación no se lleva a cabo como corresponde, que “sus chicos” no fueron escuchados por la Fiscalía ni por el Juzgado, y que, en el momento, “no fueron notificados correctamente respecto de qué se los acusaba”, la misma postura que tomaron los imputados durante su única declaración, en enero del año pasado. El abogado ya había solicitado el apartamiento de Zamboni, que no fue aceptado por el juez interviniente. “Nadie quiso quitarle la vida a nadie. No hubo organización para matar”, sostuvo el letrado en diálogo con Página/12. Tras descartar la posibilidad de un juicio por jurados, como lo permite la normativa de la Provincia de Buenos Aires para este tipo de causas, Tomei aseguró que “para fines de enero” tendrá lista la respuesta ante el juez -el elemento que falta para que el magistrado pueda considerar la requisitoria de elevación a juicio- y reclamó que, para los rugbiers, “están todas las puertas cerradas”.

Tomei no niega la culpabilidad de los imputados, pero cuestiona la premeditación y organización del crimen. De todas formas, su estrategia apunta al proceso legal. “Desde febrero vengo planteando nulidades”, advirtió el abogado, que antes de dedicarse al derecho de forma privada trabajó como funcionario -en la Fiscalía General de Campana- en el sector público de la zona norte de la provincia, donde también se desempeñan algunos de los padres de los rugbiers, y agregó que “no se respetaron los tiempos” del proceso.

En marzo de 2020 el abogado había solicitado la prisión domiciliaria para los ocho imputados porque consideraba -y aún considera- que “dentro de cualquier penal está en riesgo su vida” ya que otros presos “podrían agredirlos por una sensación de venganza”. Este pedido fue rechazado y continuaron detenidos, aunque se encuentran aislados en una celda en la que no tienen contacto con otros presos. Desde el próximo 9 de febrero los ocho rugbiers tendrán videollamadas con la sección de Psicología de la Asesoría Pericial de La Plata. Estos informes fueron solicitados por su abogado, que está preocupado por su salud mental.