¿Más edad para que los estatales puedan jubilarse en Entre Ríos?

Ante la posibilidad de que se incremente la edad jubilatoria en la provincia, el secretario adjunto de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), Fernando Cañete, dijo que esperan “tener la certeza de conocer si técnicos del gobierno están o no trabajando en un proyecto de ley para la modificación del régimen”. En tanto, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se resolvió en sucesivos congresos extraordinarios “defender la Caja de Jubilaciones provincial, el sistema jubilatorio previsional entrerriano y la ley 8.732, mientras que en los ordinarios, es parte de lo aprobado en la política gremial”, confirmó el congresal por Paraná, Roque Santana.

Para Cañete, “si el gobierno avanza en la modificación de la norma vigente, entonces queremos sentarnos a debatir qué se cambiará, ya que nos preguntamos: ¿seguiremos teniendo el 82 por ciento móvil? ¿Seguiremos manteniendo la proporción de tres (activos) por un jubilado? ¿La edad (para jubilarse) será 65, 70 o 75? Hasta ahora, son todos interrogantes sin respuesta”.

 

El dirigente judicial recordó que “el mismo presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, tiene un discurso que convence en torno al tema y por eso queremos conocer los verdaderos números del organismo, para evaluar si es necesario el cambio del sistema previsional, ya que lo único que tenemos hasta ahora son los anuncios del funcionario sobre esta cuestión. Y luego, analizar cada uno de los regímenes: ¿cuál genera superávit? ¿cuál no? ¿cuáles se pueden modificar y cuáles no?”, manifestó.

 

Cañete indicó que días atrás le consultaron si AJER estaba o no de acuerdo con la posible modificación del régimen previsional: “La verdad es que no sabemos qué pasa y por eso no tenemos certeza respecto de que si es necesario cambiarlo o si puede seguir tal como está”.

 

“Lo que queremos es acceder a información certera, ya que el último dato económico es que el haber bruto del sector estatal es de 478 millones de pesos y de esa cifra, 159 millones ingresan a la Caja de Jubilaciones. De eso: ¿cuánto se paga? ¿Hay superávit o déficit? Tenemos que tener los elementos para analizar, pero además, si esto se lleva adelante, lo que pretendemos es que al costo político lo pague el gobierno y no los trabajadores”, afirmó.

 

El secretario adjunto de la organización sindical, evocó que tiempo atrás se autorizó a algunos municipios a que crearan cajas de jubilaciones propias. “Esto significó que algunas comunas tuvieran aportes sólo de los activos, mientras que los jubilados quedaron dentro del sistema previsional de la provincia. Entonces, hay muchas cuestiones para discutir y evaluar si realmente es necesaria una modificación del régimen”, opinó.

 

No obstante, Cañete aclaró que lo que pretenden “es conocer de qué se trata, ya que es una incógnita. Tenemos trascendidos, pero deben oficializarse por sí o por no. Si es sí, nos abocamos a trabajar en el tema, y si es no, entonces pasaremos el año tranquilos”, reflexionó en declaraciones a AIM.

 

El dirigente recordó que los judiciales “le pusimos plata a la Caja de Jubilaciones”, y apuntó: “Primero arrancamos con un 11 por ciento, luego pasamos al 13; después fue el 19, y volvimos al 17 durante un año, cuando la ley establecía que era el 16 por ciento de aporte. Y luego, cuando hubo gobiernos que quisieron transferirla a la Nación, la defendimos en la calle. Por eso, autoridad tenemos de sobra para opinar respecto del sistema previsional”, aseveró, y dijo que defenderán al organismo “a rajatablas”.

 

Santana (AGMER) señaló que “no es tal el supuesto déficit previsional que originó que el poder político solicitara la armonización del sistema con el nacional. El sector docente supera la relación de proporcionalidad que sostiene con fondos genuinos el salario de los jubilados y en general, para toda la plantilla estatal, se proporción es de tres activos para un jubilado”, detalló.

 

El dirigente afirmó que “desde fines de los años ‘90, los poderes ejecutivos firmaron estos convenios, inclusive, en algunos casos acompañados desde la Legislatura con votos del oficialismo y de la oposición, sin ningún aporte de los trabajadores y sus organizaciones sindicales”.

 

Para el congresal de AGMER, “en Entre Ríos, el esquema de proporcionalidad, en el caso de los aportes personales y patronales, permite sostener y financiar un 82 por ciento de las jubilaciones con las edades que prevé la ley 8.732, a diferencia de los sistemas nacional y de otras provincias, donde los aportes son del 16 por ciento. Inclusive, durante la ley de Emergencia del ex gobernador Mario Moine fue del 18 por ciento por más de cinco años, mientras que el nacional es del 11 por ciento”.

 

Para el ex secretario de la seccional Paraná, “si el poder político quisiera representar los intereses de los entrerrianos, debería reclamar los 200 millones de dólares que Nación le debe Entre Ríos por la transferencia de las escuelas secundarias y privadas, recibidas en el gobierno del ex presidente Carlos Menem”.

 

En la actualidad, manifestó, “esos dólares equivalen a más de 800 millones de pesos, pero lo que no dicen nuestras autoridades es que cuando acordaron con Nación renunciaron a reclamar estos montos. De ninguna manera esta es una política federal de resguardo de los intereses entrerrianos”, cuestionó.

 

Santana, en declaraciones que publica Análisis Digital, explicó que otro dato significativo es que “posterior a la reforma de la Constitución provincial, el Estado está obligado a pagar sumas salariales en blanco (remunerativas). Por esta razón, los docentes entrerrianos nos oponemos, no sólo a lo insuficiente de los fondos negros nacionales, como el Fonid, sino a lo ilegal del Fondo. En Entre Ríos, pagando salarios en blanco y revisando las jubilaciones obscenas de privilegio o anticipadas, otorgadas a los amigos del poder, estaríamos en una ecuación favorable a los trabajadores”.

 

Además, agregó que “más allá de nuestro sistema, que está demostrado que no genera déficit, la pregunta es para qué necesita fondos la Nación, ya que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tampoco es deficitaria. La razón de su supuesto déficit es la utilización de los recursos de los jubilados para otros fines. En la Legislatura nacional se demostró que volviendo al aporte patronal histórico en nación, se podía sostener el 82 por ciento para los jubilados nacionales y a esta norma no sólo la vetó la presidenta, sino que el gobierno utiliza el dinero del Anses para otros fines”.

 

El dirigente de AGMER destacó que “nuestro sistema jubilatorio es un ejemplo para otras provincias. Si quieren armonizar, lo que habría que hacer es homologar el sistema nacional con el nuestro”, aconsejó. Por eso, y “porque es el mandato de los docentes entrerrianos a todos los dirigentes gremiales, nos opondremos y lucharemos frente a cualquier intento de modificación de la ley”, advirtió.